La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) entiende que la actual pandemia ocasionada por el SARS 2 Covid 19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica de enorme envergadura. En el ámbito de la atención sanitaria la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de una fuerte sanidad pública con los recursos humanos y los medios necesarios. Desde la perspectiva de trabajo de la AAJM se encuentran los medicamentos como medios imprescindibles para tratar a los pacientes. Desde este enfoque es clave resaltar la consideración de los medicamentos como un bien público accesible a todas las personas que lo necesiten. Este posicionamiento nos ha llevado a plantear junto con otras organizaciones sociales una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a conseguir medicamentos a un precio justo.
En nuestro país podemos acceder a los medicamentos porque tenemos un sistema público que nos garantiza el acceso. Este es un gran logro social que debemos defender. Pero, hay dos causas que pueden dificultar o impedir el acceso a losmedicamentos que necesitamos:
- La primera es la falta de investigación en prioridades de salud, como en vacunas yantibióticos, porque no son rentables para las compañías farmacéuticas. Conviene saber que en Europa mueren más de 30.000 personas cada año por falta de antibióticos eficaces.
- La segunda, como desde la AAJM venimos señalando, es la subida excesiva de los precios de los medicamentos. Durante el año 2019 se aprobaron medicinas de más de 300.000 euros por tratamiento y el gasto farmacéutico hospitalario experimentó un creciente sostenido. Pero las perspectivas son aún peores. Los nuevos tratamientos y procedimientos señalan un incremento insoportable para el sistema sanitario. El gasto excesivo que se produce por los altos, e injustificados precios de los medicamentos detrae recursos de profesionales y de otros medios de diagnóstico y tratamiento muy necesarios para la atención sanitaria.
La causa de estos precios tan altos y, de forma añadida, que no se investigue por ejemplo en vacunas o medicamentos contra procesos infecciosos, son las patentes, los monopolios que los gobiernos conceden a las empresas con la justificación de financiar la investigación.
Como señalamos en 2019, en el informe “Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública”, el sistema de patentes y monopolios hace que en España paguemos un sobre-precio en medicamentos de 8.000 millones de euros al año, además de los costes de fabricación y de investigación.
Ahora, con motivo de esta crisis, conocemos cómo las empresas farmacéuticas están trabajando para descubrir una vacuna o medicamentos capaces de tratar la enfermedad y evitar su alta letalidad. Sin embargo observamos, cómo en una situación como la que nos encontramos, no surgen de forma natural iniciativas para compartir el conocimiento, la información y el desarrollo con otras empresas y grupos de investigación públicos y privados. La impresión es que en el objetivo añadido final de curar la enfermedad está muy presente la obtención de la patente. El motivo es obvio: conseguir la exclusividad, la patente, para poder fijar precios altos y lograr que suban sus acciones. Pero los efectos nocivos de esta estrategia son claros. Así, al no disponer de una investigación coordinada y conjunta se retrasa la investigación en medicamentos y el descubrimiento de la vacuna efectiva. Además, si al final y pese a la emergencia sanitaria mundial, la exclusividad de la patente permite que los precios fijados sean altos, millones de ciudadanos en el mundo y cientos de países no podrían pagar los tratamientos.
Sin embargo, tenemos instrumentos y herramientas para corregir estos precios exorbitados en el caso de que así ocurriera por una utilización abusiva de las patentes. Desde la Convención de Doha para la aplicación de los acuerdos ADPIC disponemos, y así España lo ha incluido en su legislación, de la posibilidad de suspender la exclusividad de la patente de un medicamento y permitir a otras empresas su fabricación, cuando como ocurre en esta pandemia la salud pública está en emergencia y grave riesgo. Por lo tanto, el Estado está habilitado para obligar a las empresas farmacéuticas, en una situación como la actual, a suministrar el medicamento o vacuna a precios asequibles y en cantidad suficiente a las necesidades del país. Si no respondiera a estos requerimientos se aplicaría de forma inmediata la licencia obligatoria. Otra posibilidad de actuación del Gobierno es aún más radical y consiste en la expropiación de la patente que permite al Estado por razones de necesidad social e interés público convertirse en propietario de la misma con una compensación fijada.
Como podemos observar la realidad de la actual pandemia justificaría plenamente si fuera necesario la aplicación de estas medidas (Israel ha emitido una licencia obligatoria para un antiviral utilizado como tratamiento del COVID-19; Canadá, Chile y otros países han preparado medias para la aprobación de licencias obligatorias para vacunas, tratamientos y otros dispositivos útiles en la lucha contra esta enfermedad). Es por tanto clave para el desarrollo de la pandemia que, si se logra una vacuna o medicamentos efectivos, se vendan a precio de coste de producción y se eviten precios abusivos. Una posibilidad que debe plantearse a nivel mundial es si el descubrimiento llegara desde una empresa privada la creación de un fondo internacional para pagar lo que le hubiera costado la investigación y poner la vacuna a disposición de todo el mundo a precio de genérico.
Probablemente esta crisis es una oportunidad para reforzar una plataforma pública nacional de investigación, en coordinación con plataformas públicas europeas. Esta estrategia conjunta debe posibilitar avanzar rápidamente en el conocimiento y desarrollo de vacunas, antivirales y antibióticos, y ofrecer medicamentos a precios asequibles al sistema sanitario, también en otros problemas de salud actuales y proteger la salud pública ante probables escenarios de epidemias en el futuro.
Con el esfuerzo de todos vamos a superar la crisis del coronavirus, pero el problema de la falta de investigación en prioridades de salud y de los altos precios de los nuevos medicamentos seguirá ahí. Por eso, tenemos que seguir reclamando más investigación pública, más transparencia y cooperación, y unos precios justos de los medicamentos, que tienen que ser reconocidos como un bien público y no como un objeto de especulación. Nos va la vida en ello.
QUIÉNE SOMOS
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) es una entidad de carácter voluntario y sin ánimo de lucro sometida a la legislación vigente, en particular, a lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución Española desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas complementarias, así como a por sus Estatutos.
La Organización Mundial de la Salud, considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de una importancia vital para que la población goce del grado máximo de salud que se pueda lograr.
El acceso a los medicamento puede ser una cuestión de vida o muerte, pero no solamente esto, ya que también es fundamental para mejorar la calidad de vida y es primordial para tener una vida digna.
Son muchos los factores que contribuyen a la falta de acceso a los medicamentos: la pobreza, no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual o patentes de medicamentos.
El gravísimo problema de la falta de acceso a los medicamentos, no es exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también ha llegado ya a los denominados países desarrollados.
Estamos asistiendo en la actualidad a una presión insoportable de algunas compañías farmacéuticas, debido a su posición domínate en base a las patentes otorgadas por los gobiernos, que están rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios injustificados y abusivos. Esta presión está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y obstaculizando el acceso de las poblaciones más vulnerables a los nuevos medicamentos. El Sistema Nacional de Salud tiene que detraer recursos de otras necesidades de atención sanitaria, del gasto en otro tipo de servicios y del gasto en remuneraciones del personal y de la incorporación de nuevos profesionales.
El abuso de la patente por parte de las compañías farmacéuticas al fijar precios altísimos y desproporcionados, hace que la barrera de acceso sea el precio y no el coste. La dificultad de financiación de estos medicamentos no está en el coste de la fabricación, ni en el coste de la investigación, si no en el precio que ponen los fabricantes que llega a ser 20,30 y más de 100 veces superior del coste de fabricación y de investigación.
El precio del medicamento debe cubrir el coste de producción y cubrir la inversión realizada en Investigación más Desarrollo, y permitir un beneficio razonable, que no debe exceder del 10%
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Más información sobre la ILP Medicamentos a un precio justo en:
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