Además, por medicamentos que perdieron la financiación pública tuvieron que desembolsar otros 488,7 millones de euros más durante el pasado año. En total pusieron de su bolsillo 1.087 millones más, que antes de 2012 no tenían que pagar.
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha realizado una estimación del gasto que han tenido que hacer los pensionistas en medicamentos como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012 del gobierno del Partido Popular.
Aunque los copagos tienen unos topes, de 8,23 € / mes y 98,76 € máximo al año (para ingresos inferiores a 18.000 euros) y de 18,52€ / mes y 222,24€ máximo al año (para ingresos entre 18.000 y 100.000 euros), teniendo en cuenta que los pensionistas tienen más problemas de salud, la cantidad que tienen que gastar al año es significativa.
Muchas de estas personas no han podido comprar los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública por dificultades económicas. En efecto, muchas personas con pensiones bajas, con cargas familiares (hijos o nietos en paro que necesitan su ayuda para comer y para otros gastos), han tenido que prescindir de alguna de sus medicinas. El Barómetro Sanitario que presenta los datos de 2018 indica que un 3% de la población no pudo comprar algunos de los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública. Aunque esta proporción se ha reducido desde 2017, siguen siendo demasiadas personas. Es preciso recordar que según datos de la Seguridad Social, de los 9.707.140 pensiones percibidas en España, el 65,4% (6.349.014) son pensiones inferiores a 1.000 euros.
El re-pago es injusto, puesto que la sanidad la pagamos a través de impuestos, que deberían ser en función de nuestra capacidad económica (renta, patrimonio), de tal manera que la atención sanitaria pueda ser libre de pago en el momento en que necesitemos utilizarla. En este sentido, la propuesta de presupuestos del Estado que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez a las Cortes, con el apoyo de Podemos, iba en la buena dirección al reducir progresivamente el copago farmacéutico. Lamentablemente esta propuesta fue rechazada por PP, Ciudadanos y los partidos independentistas.
Respecto a los medicamentos des-financiados con el RDL 16/2012 conviene resaltar que su precio medio ha aumentado en este periodo de forma considerable. De una media de 4,92 € por envase han pasado a una media de 9,34 € por envase, lo que supone una subida del 90%. En ese mismo periodo (diciembre 2012-diciembre 2018) el IPC subió un 3,1%. No parece razonable.
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) considera muy acertada la decisión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de rechazar la petición de nuevo incremento de precio para el Fortasec (antidiarreico), que ya había visto aumentado su precio un 217% desde 2012. La Ley establece que se podrán rechazar estos aumentos para proteger la salud pública, garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y evitar lesión real o potencial a los colectivos desfavorecidos. Hay miles de pensionistas y miles de pacientes que están siendo perjudicados por los co-pagos y por las subidas de precios de los medicamentos. Es bueno que el Gobierno sea firme en la defensa de los intereses de los pacientes y del conjunto de la sociedad.
QUIÉNE SOMOS
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) es una entidad de carácter voluntario y sin ánimo de lucro sometida a la legislación vigente, en particular, a lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución Española desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas complementarias, así como a por sus Estatutos.
La Organización Mundial de la Salud, considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de una importancia vital para que la población goce del grado máximo de salud que se pueda lograr.
El acceso a los medicamento puede ser una cuestión de vida o muerte, pero no solamente esto, ya que también es fundamental para mejorar la calidad de vida y es primordial para tener una vida digna.
Son muchos los factores que contribuyen a la falta de acceso a los medicamentos: la pobreza, no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual o patentes de medicamentos.
El gravísimo problema de la falta de acceso a los medicamentos, no es exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también ha llegado ya a los denominados países desarrollados.
Estamos asistiendo en la actualidad a una presión insoportable de algunas compañías farmacéuticas, debido a su posición domínate en base a las patentes otorgadas por los gobiernos, que están rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios injustificados y abusivos. Esta presión está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y obstaculizando el acceso de las poblaciones más vulnerables a los nuevos medicamentos. El Sistema Nacional de Salud tiene que detraer recursos de otras necesidades de atención sanitaria, del gasto en otro tipo de servicios y del gasto en remuneraciones del personal y de la incorporación de nuevos profesionales.
El abuso de la patente por parte de las compañías farmacéuticas al fijar precios altísimos y desproporcionados, hace que la barrera de acceso sea el precio y no el coste. La dificultad de financiación de estos medicamentos no está en el coste de la fabricación, ni en el coste de la investigación, si no en el precio que ponen los fabricantes que llega a ser 20,30 y más de 100 veces superior del coste de fabricación y de investigación.
El precio del medicamento debe cubrir el coste de producción y cubrir la inversión realizada en Investigación más Desarrollo, y permitir un beneficio razonable, que no debe exceder del 10%
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