La Iniciativa Ciudadana es un amplia coalición europea formada por sindicatos de trabajadores/as de la salud, ONGs, asociaciones de defensa de la sanidad pública, asociaciones de profesionales sanitarios, grupos de activistas, asociaciones de pacientes, la Confederación estatal de asociaciones vecinales, asociaciones estudiantiles y expertos en salud. El  objetivo es obligar a la Comisión Europea a poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra COVID-19. 

Para llevar adelante esta iniciativa legislativa ciudadana ante la Comisión europea es necesario recoger UN MILLÓN de firmas en los 27 Estados miembro de la Unión Europea antes del 1º de mayo de 2022.

La firma es un proceso muy sencillo, no requiere más de 3 ó 4 minutos, y la seguridad de los datos está garantizada por la propia Unión Europea. El acceso al proceso de firma se realiza telemáticamente en:

https://noprofitonpandemic.eu/es/

En el acto de esta mañana se ha leído el siguiente manifiesto:

POR EL ACCESO UNIVERSAL A LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19

Somos personas diversas, que provenimos del mundo de la ciencia, las humanidades, la cultura y de muchos otros. Pero sobre todo somos personas que no podemos ni debemos permanecer calladas ante la grave situación a la que nos enfrentamos. Debemos evitar que junto a la pandemia de la COVID-19, se profundice la epidemia de la desigualdad en el acceso a los tratamientos o vacunas.

Una amenaza colectiva requiere de una respuesta colectiva. Frente a una pandemia, no podemos permitirnos que la ciudadanía se quede desprotegida debido a las barreras económicas. Todo el mundo tiene derecho a un tratamiento.

Los y las investigadoras de todo el mundo han desarrollado, y siguen haciéndolo, vacunas y tratamientos frente a la COVID-19 con un esfuerzo personal extraordinario. La mayor parte de dichas investigaciones, han tenido financiación pública directa o indirecta. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, prometió́ hacer de las vacunas un bien público universal, pero hasta el momento no ha promovido ninguna legislación que lo haga cumplir, sino todo lo contrario. La Unión Europea necesita anteponer la salud pública a los beneficios privados. Con el objetivo de inmunizar cuanto antes a toda la población, evitando la aparición de variantes más agresivas y letales, es necesario que la UE no limite la administración de ninguna de las vacunas que hayan superado los preceptivos controles de la Agencia Europea del Medicamento y la OMS.

Consideramos necesario asegurar que el acceso a los tratamientos y vacunas frente a la COVID-19 no se vean obstaculizados por monopolios que limiten la capacidad de producción mundial y eleven los precios de forma abusiva, como está sucediendo ahora. Durante la pandemia se debería suprimir la aplicación de las patentes, remunerando los gastos de investigación acreditados, y evitando beneficios abusivos; de esta forma, se podrían comercializar los productos a precio de coste de fabricación. El interés general y la salud pública deben estar por encima del lucro de unos pocos.

Por ello, impulsamos la Iniciativa Ciudadana Europea #Right2Cure. Una forma directa que tenemos la ciudadanía de la UE de proponer un cambio legislativo concreto a la Comisión Europea. Necesitamos con tu apoyo, recoger al menos un millón de firmas en los veintisiete estados miembros de la UE. Viendo el creciente número de peticiones, acciones y cartas abiertas de ciudadanía, ONGs y entidades de la sociedad civil en esta línea, estamos seguras de que este objetivo es posible.

¿Cuáles son nuestras demandas?

● Exigir que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de vacunas o tratamientos para la COVID-19.

● Impedir que la legislación de la UE sobre los datos y la exclusividad comercial no limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los EE.MM.

● Los beneficiarios de fondos de la UE deben compartir conocimientos en materia de tecnología sanitaria, propiedad intelectual o patentes frente a la COVID-19.