El informe ha sido publicado por la revista BMJ Global Health y recoge indicaciones sobre propiedad intelectual y transferencia de conocimientos técnicos y tecnología a tener en cuenta frente a emergencias sanitarias
El Grupo de Expertos sobre el Tratado de Pandemias, reunido de forma virtual en el marco de la Escuela de Salud Pública de Menorca 2021, acaba de hacer público el informe con las recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración de dicho tratado, que se está discutiendo esta semana en el Órgano de Negociación Intergubernamental (INB) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Publicado en la revista médica BMJ Global Health, el informe recoge siete recomendaciones para diseñar un sistema global justo para compartir los componentes básicos necesarios que garanticen el acceso equitativo a contramedidas médicas, como vacunas y terapias, en una pandemia. Esos componentes básicos son la propiedad intelectual, el conocimiento y la tecnología detrás de las vacunas, los medicamentos y los productos médicos utilizados en una respuesta a una pandemia, que las empresas generalmente han dudado en compartir en la pandemia de Covid-19.
Ellen’t Hoen, directora de Medicines Law & Policy, explica que la pandemia de covid-19 “nos ha enseñado que establecer mecanismos voluntarios para compartir propiedad intelectual y conocimientos en medio de una crisis de salud global no funciona. Los compromisos iniciales son necesarios para que, la próxima vez, las contramedidas pandémicas sean bienes públicos que se compartan equitativamente. Los siete componentes que describimos para incluir en el Tratado de Pandemias deberían proporcionar una mejor respuesta colectiva a las amenazas para la salud mundial que la que estamos presenciando durante la pandemia”.
“La tarea más obvia será llegar a un acuerdo sobre los términos para compartir los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento de la investigación financiada por el gobierno, sino como una obligación universal, al menos como parte de un protocolo opcional a tener en cuenta en la financiación pública de la investigación”, afirma James Love, director de Knowledge Ecology International.
Los autores del artículo de BMJ Global Health recomiendan que el Tratado de Pandemias asegure una financiación suficiente para la I+D biomédica; cree las condiciones para la concesión de licencias de I+D financiadas por el gobierno; ordene la transferencia de tecnología; comparta la propiedad intelectual, los datos y los conocimientos necesarios para la producción y el suministro de productos y agilice los estándares y procedimientos regulatorios para comercializar contramedidas médicas. Los autores también recomiendan que el tratado garantice una mayor transparencia y una gobernanza inclusiva de estos sistemas.
Los hallazgos de este Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales, convocado por la Escuela de Salud Pública de Menorca en colaboración con Medicines Law & Policy y Knowledge Ecology International en 2021, son particularmente relevantes ahora que los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron negociar un instrumento internacional que posicionaría mejor al mundo para prevenir, responder y prepararse para futuras pandemias (instrumento que a menudo se denomina tratado de pandemias). El epidemiólogo y director académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca, Maties Torrent, es uno de los expertos que firman el artículo con las recomendaciones surgidas del encuentro convocado desde la isla.
Katrina Perehudoff, autora principal y profesora asistente de la Universidad de Amsterdam e investigadora de Políticas y leyes de medicamentos, asegura que el grupo de expertos “ha presentado siete formas en que los negociadores del Tratado de Pandemias pueden abordar las principales deficiencias en nuestras leyes y prácticas internacionales actuales para distribuir de manera justa productos médicos en una crisis. Estas siete recomendaciones son consistentes con el derecho internacional existente, con compromisos políticos de alto nivel y con buenas prácticas de salud pública”.