Las amenazas que han supuesto para la salud pública los coronavirus, el Ébola y otras enfermedades trasmisibles, los riesgos que plantea el cambio climático y la globalización, apremian la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública con el objetivo de intervenir a tiempo ante emergencias, según han puesto de manifiesto expertos en salud pública.
En un encuentro ayer por la tarde organizado por la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), expertos en salud pública han opinado sobre los fines de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, su regulación, colisión con otras competencias instituciones, así como sobre la importancia del Sistema de Información Sanitaria,
Moderado por el presidente de la AAJM, Juan José Rodríguez Sandín, en este encuentro online han participado José Ramón Repullo y Javier Sánchez Caro, ambos profesores de la Escuela Nacional de Sanidad; Enrique Castellón Leal, ex subsecretario del Ministerio de Sanidad y Mercedes Alfaro Latorre, subdirectora general de Información Sanitaria.
Hace 11 años que se aprobó, en la Ley General de Salud Pública, la creación de un centro estatal de salud pública y ha sido a raíz de la pandemia COVID-19, cuando el Gobierno aprobó en agosto pasado el Anteproyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que se ha sometido a consulta pública hasta el pasado mes de septiembre.
El presidente de la AAJM, Juan José Rodríguez Sandín, tras señalar esta realidad de que la Agencia llega 11 años después de que se legislara su creación, aseguró que su puesta en marcha “no hubiera ocurrido sin la COVID-19”, una pandemia que “ha demostrado cuanto daño pueden hacer las políticas sanitarias que olvidaron, minimizaron o hicieron desaparecer las estructuras de Salud Pública”.
Juan José Rodríguez Sandín destacó la necesidad de que la Agencia Estatal de Salud Pública disponga de “un Sistema de Información Sanitaria (SIS) normalizado y homogéneo que ayude a tomar decisiones fundamentadas; que responda a las necesidades asistenciales y sirva como herramienta para mejorar la gestión de centros y servicios, la planificación, la investigación, los requerimientos legales, la atención clínica, la evaluación y el control de calidad, además de conocer el producto asistencial de los equipos y servicios de todo el Sistema Nacional de Salud”.
Por ello y, después de dar la bienvenida a la creación de la Agencia, dijo que desde la AAJM “consideramos que tiene aspectos mejorables y que, debates como este, pueden introducir aportaciones para su puesta en marcha”.
Para el profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, experto en organización y gestión de sistemas sanitarios, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública supone “un cambio en la tendencia de desinversión de las unidades técnicas para la gobernanza del Sistema Nacional de Salud” y la COVID-19 “ha mostrado claramente que la salud es precondición para la economía y que es preciso potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de información y alertas, y los instrumentos de preparación e intervención temprana ante los riesgos de las enfermedades transmisibles globales”.
El profesor Repullo puso de manifiesto la importancia de analizar el “papel, funciones, ubicación geográfica, gobernanza y recursos” de la Agencia para incorporar el modelo de organización que “el conjunto de la autoridad sanitaria central debería asumir para responder a los retos técnicos que implica el buen gobierno del conjunto del Sistema, teniendo en cuenta la enorme descentralización, y los problemas de coordinación que se suscitan por la alta rivalidad política”. Para él, el hecho de que se le dote de un Estatuto “va a facilitar su consolidación y capacidad de contratación y funcionamiento”.
Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y presidente de la Comisión de Bioética de Castilla La Mancha, centró su intervención en la regulación de esta Agencia, que “trata -dijo- de remediar los fallos de cooperación y coordinación detectados con ocasión de la pandemia que hemos sufrido y venimos sufriendo” y lo que hay que ver -añadió- es “si constituye el remedio adecuado para dar solución a un problema tan grave y complejo y que ha costado tantas vidas humanas”.
El profesor Sánchez Caro aportó al debate cuestiones como si “¿Se entiende bien en la norma lo que es cooperación (voluntaria) de lo que es coordinación (obligatoria)?”; si “¿es posible un remedio parcial sin abordar el problema global del Sistema Nacional de Salud?” o si “los problemas que se detecten ¿quedarán sometidos al Consejo Interterritorial y resueltos, simplemente, mediante una recomendación?”
Enrique Castellón, exsubsecretario del Ministerio de Sanidad y exdirector general del SERGAS, fundador y consejero de un fondo de inversión para el desarrollo en universidades españolas de nuevas soluciones científicas y tecnológicas, señaló que “el impacto de la pandemia en nuestro país ha resultado brutal en términos sanitarios, sociales y económicos”.
“Por ello -añadió- es obligada una respuesta ambiciosa en materia de salud pública que prevenga o minimice el impacto de nuevas amenazas que más pronto que tarde se harán realidad” y aludió a ejemplos en países con estructuras más fuertes que pueden servir de referencia.
Para la subdirectora del Sistema de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Mercedes Alfaro Latorre, la Agencia Estatal de Salud Pública “debe de ser un elemento de cohesión de todos los agentes que intervienen en la protección de la salud”.
Mercedes Alfaro, hizo referencia al Sistema de Información Sanitaria que “puede contribuir eficazmente a la vigilancia en salud en las patologías crónicas” y, en este sentido, destacó el programa de digitalización de Atención Primaria que “contempla -dijo- la captura automática de datos de la HCE (recopilación de la información médica de un paciente en formato digital) para la vigilancia en salud”.
La AAJM es una entidad sin ánimo de lucro creada por un grupo de profesionales para luchar por la defensa de un sistema sanitario público, justo y de acceso universal; para defender del derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad en el SNS y para luchar contra el abuso del sistema de patentes en todo aquello que implique una barrera para el acceso efectivo y equitativo de la población a los medicamentos.
*Texto Anteproyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública
