El editorial, de la Comisión de Reacción de esta revista, subraya la urgente necesidad de una financiación pública en la investigación de nuevos fármacos y vacunas con una producción pública que disminuya el gasto farmacéutico y logre un acceso justo a los medicamentos.
Ana Isabel Rigueira García, farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria, pone el dedo en la llaga sobre las sujeciones químicas en residencias geriátricas, cuestionando el incumplimiento de la legislación vigente y la falta de ética que suponen. Miguel Ángel Sánchez Chillón, médico de Familia, ex presidente del Colegio de Médicos de Madrid, repasa el papel de los distintos actores implicados en el acceso a los medicamentos y concluye señalando la falta de pudor de las grandes corporaciones farmacéuticas, que abusan de las patentes para poner precios abusivos. Hace un llamamiento para acelerar una legislación farmacéutica europea sin favoritismos empresariales. Sobre ese último punto, recomendamos una lectura sosegada del informe elaborado por Soledad Cabezón Ruiz, cardióloga, exdiputada de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo, que analiza los pasos dados y valora la insuficiencia de la propuesta farmacéutica europea, que, desde su punto de vista, mantiene el pernicioso stato quo actual. Reclama un mayor compromiso del Parlamento Europeo en favor de la salud de los ciudadanos.
Como en números anteriores, esta edición de la rAJM dedica parte de su espacio a publicaciones de otras fuentes consideradas de interés para nuestras lectoras y lectores. PrEP4AII, organización sin ánimo de lucro en la lucha contra el VIH y otras pandemia emergentes, explica que la ciencia está siendo rehén de las Pharma, que utilizan los contratos de vacunas ARNm con los gobiernos para retrasar las innovaciones futuras. Kerry Cullinan en Health Policy Watch, nos advierte que tras los fallos en la respuesta mundial al COVID-19, la Asamblea Mundial de la ONU del próximo mes de septiembre debería plantearse corregir los errores cometidos. Fernando Lamata, en una tribuna publicada por la Fundación Quaes, se refiere a la propuesta del Informe STOA del Parlamento Europeo para crear una Infraestructura Europea de Medicamentos. Al mismo tiempo, los gobiernos deberían impulsar en Naciones Unidas un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos, que prohibiera las patentes en medicamentos y desligara la financiación de la I+D de los monopolios y los precios abusivos. Los fondos creados en EEUU y en la UE para financiar I+D de vacunas para la COVID-19 muestra que es posible crear un Fondo Global para una investigación abierta y cooperativa, cuyos resultados deberían ser un bien público, con licencias no exclusivas, para desarrollar medicamentos accesibles para todos, a precio de coste. Finalmente, Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación en el University College of London, desdeProject Syndicate, señala que hay que cambiar el actual sistema de patentes y precios. “Los gobiernos de todo el mundo deben aunar esfuerzos para imponer reglas estrictas sobre la propiedad intelectual, los precios y la fabricación de las empresas farmacéutica”, apostilla.
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