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La décimo segunda Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada entre el 12 y el 16 de junio, alcanzó en la madrugada del día 17 un acuerdo sobre la propuesta de suspensión de patentes y otros derechos de propiedad intelectual para facilitar el acceso a vacunas y otras tecnologías frente a la COVID-19.

El acuerdo es una decepción. La negociación no ha sido transparente. Se ha presionado desde la Dirección General de la OMC para que se alcance un acuerdo de última hora y de mínimos, para salvar la cara. La oposición de la UE, EEUU, Suiza, Noruega, Reino Unido y otros países ricos, ha bloqueado la propuesta hecha hace año y medio por India y Sudáfrica.

Conviene no olvidar que este bloqueo a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología y conocimiento para hacer frente a la COVID ha causado millones de muertes y ha aumentado la desigualdad y la pobreza. El acuerdo aprobado no suspende los derechos de propiedad intelectual, como pedíanIndia, Sudáfrica y otros cien países, y apoyaban cientos de organizaciones de acceso a los medicamentos.

Simplemente recuerda que los países pueden usar las licencias obligatorias, lo que ya estaba contemplado en el acuerdo ADPIC (TRIPS). Hay alguna pequeña concesión, evitando la notificación previa a la OMC; permitiendo la

exportación a otros países, con limitaciones; recomendando el uso de la “guía de remuneración para el uso no voluntario de patentes en tecnologías médicas” de la OMS; o la posibilidad de extender este acuerdo a otras tecnologías dentro de seis meses. Pero incluye otras limitaciones: solamente para vacunas, solamente las patentes (y no los secretos comerciales), solamente para un periodo de 5 años, solamente países en desarrollo con alguna limitación significativa, etc. De esta forma se desincentiva que países o empresas decidan arriesgarse a usar este mecanismo para fabricar vacunas.

“Es difícil imaginar algo con menos beneficios que este acuerdo, como respuesta a una emergencia de salud global… es casi imposible que mejore las medidas contra la COVID” (James Love, KEI). El mayor logro de estos debates, hasta este momento, es que han atraído la atención de parte de la sociedad y de los gobiernos, y han mostrado que otros caminos son posibles.

La AAJM insiste en la necesidad de suspender los derechos de propiedad intelectual para vacunas, tratamientos y diagnósticos frente a la COVID-19, y en la exigencia de que se transfiera la tecnología y el Know How por parte de los países donde residan las empresas titulares de las patentes. Solo así se aceleraría la producción de vacunas y otras tecnologías y se evitarían millones de muertes y mucho sufrimiento. No solo en esta pandemia, sino en otras que, inevitablemente, vendrán.

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* Más información desde la AAJM, Pablo Martínez Segura, 629 56 90 74

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